Después de examinar las dimensiones social, ambiental y económica de Chocó solo se puede concluir que sus interacciones de ninguna manera llevan a un desarrollo sostenible de la minería del platino y el oro. La explotación minera no solo agota los recursos del subsuelo, sino que provoca miseria, insalubridad, ilegalidad y violencia de género; y su impacto ambiental irremediable en ecosistemas megadiversos reduce la población de peces, aves e insectos, y causa alteraciones abruptas del paisaje natural mediante la deforestación y contamina las redes hidrográficas vertiendo químicos y mercurio. La informalidad de la producción minera chocoana y la dependencia económica de metales preciosos lleva al estancamiento económico. Las malas condiciones laborales, el uso de maquinaria pesada irregular y la falta de una cadena de agregación de valor muestran que no existen imperio de la ley ni orden.

La caótica reproducción se externalidades negativas se debe a la precaria manera de mitigarlas. El gobierno y las autoridades del sector no velan por la adecuada aplicación de la ley y la regulación ambiental en el departamento y es dudoso que el marco regulatorio sea inclusivo para los mineros pequeños y artesanales, con poca capacidad organizacional, que las empresas y el Estado pretenden formalizar estableciendo reglas complejas que no llevan a un aumento efectivo de la productividad de los trabajadores (Lara et al., 2017). En lugar de ello, se crean barreras de entrada al sector formal, que refuerzan la informalidad y la ilegalidad, y dan lugar a lo que Verbrugge (2015) denomina lógica económica persistente de la informalidad, pues los mineros que buscan salir de esa economía oscura no tienen un apoyo estatal suficiente para competir con los ilegales. No obstante, para determinar claramente qué tan inclusivas son las medidas para formalizar el sector o qué tanto ayudan a reducir la miseria se requiere un análisis más profundo (Lara, 2018 y n.d.).

La poca inversión de los beneficios de la explotación minera en actividades productivas reproducibles aumenta la miseria en la región. La ausencia de un Estado que garantice el derecho a la propiedad colectiva de la población afrodescendiente e indígena impide que desarrolle actividades económicas sedentarias y la induce a mantener las actividades nómadas y de subsistencia (pesca, caza, minería artesanal) e incluso ilegales (cultivos ilícitos, deforestación, tráfico de fauna, narcotráfico). Por otra parte, el hecho de que los grupos armados ilegales vulneren los derechos de propiedad de la población hace imposible la creación de bienes de capital. De modo que estos se crean en centros urbanos de otros departamentos, donde el Estado garantiza la propiedad.

El Estado no ejerce el monopolio del uso de la violencia, la tributación y la justicia en el departamento, y no ha logrado proporcionar bienes y servicios públicos suficientes y de buena calidad. La eliminación de la miseria, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental están gravemente comprometidas en el escenario de informalidad económica y ambiental que hemos descrito. Además, la usurpación de acciones que competen al Estado por los grupos armados ilegales deslegitima las políticas públicas que promueven el desarrollo sostenible. Así, las actividades ilícitas que comentamos son una adaptación de la población vulnerable y excluida a la falta de diversificación de su economía, que para subsistir sin un empleo formal se empeña en actividades que le reportan algún ingreso o salarios mayores a los que ofrece una lánguida industria.La informalidad también impide el progreso técnico. Las técnicas que hoy se emplean en la minería chocoana del platino y el oro son bastante tradicionales y quizá no se ciñen a la reglamentación, como sucede con el uso del mercurio usualmente como reactivo en la lixiviación. Las tecnologías de reducción, como la hidro-destilación fraccionada o el uso de centrifugadores o mesas de concentración carecen de una base para desarrollarlas, difundirlas y adoptarlas debido al pequeño número de empresas formales, así como a la baja profesionalización y la escasa capacidad científica y tecnológica; de modo que en el mediano plazo no se podrá eliminar el uso del mercurio en la minería chocoana. Además, el débil progreso técnico de la minería y de otras actividades multiplica las actividades ilícitas, ya que los pagos de subsistencia obtenidos en el sector improductivo tradicional no tienen comparación con los que se obtienen en actividades económicas ilegales de fácil entrada.

El Estado, las empresas públicas y privadas y la misma sociedad deben reconocer que el desarrollo sostenible de la minería chocoana requiere equilibrar las dimensiones social, ambiental y económica, mediante acuerdos democráticos que provoquen cambios institucionales y den origen a reglas explícitas inclusivas (políticas públicas, leyes, contratos, códigos, derechos), que se aplique gradualmente e induzcan comportamientos que permitan trasformar los ingresos de la explotación de recursos naturales no renovables en actividades productivas que hagan posible una distribución menos desigual de la riqueza y el ingreso.

La riqueza natural del Chocó ha sido menospreciada. Muchos recursos naturales no son renovables, y su agotamiento paulatino es irreparable. Para encaminarse hacia un desarrollo sostenible en el largo plazo es necesario desarrollar capacidades en actividades lícitas renovables y ambientalmente sostenibles, con gran potencial en la región. Aunque la mega-biodiversidad se ha desestimado, se debe impulsar su aprovechamiento mediante la investigación y el desarrollo de biotecnologías, y la formación en bioingeniería, química verde, bioinformática y nanotecnología. Además, se debe fomentar la producción de mercancías novedosas elaboradas con celulosa y de customizados en madera, y también de bioenergía, establecer sistemas de producción acuícolas dulces y de mar, así como de alimentos para los mercados doméstico e internacional. El potencial ecosistémico se debe aprovechar para ofrecer servicios ecosistémicos reguladores, como la captura de dióxido de carbono, la producción de agua potable y de aire limpio, o culturales (recreación, excursiones, exploración científica, terapias, geo-turismo) que promuevan la conservación y la recuperación de impactos ya causados. En la envidiable red hidrográfica es promisorio el desarrollo de canales navegables y embarcaciones que impulsen el comercio interno. También se necesitan puertos marítimos en el Pacífico y el Caribe. Los mineros artesanales y de pequeña escala, los resguardos indígenas y los consejos comunitarios de afrodescendientes no tienen capacidad organizacional para adaptarse a la economía formal. Es evidente la débil capacidad del Estado, que no ha propiciado esquemas inclusivos para la población vulnerable. Para eliminar la miseria y lograr la sostenibilidad ambiental, el gobierno debe fortalecer y modernizar las entidades del Estado que aplican las leyes, y formular e implementar políticas y reglas inclusivas que promuevan un desarrollo virtuoso y traigan prosperidad al departamento. En Colombia se establecieron polos de crecimiento en el centro geográfico del país durante la primera mitad del siglo XX (Lara et al., 2013). Hace 70 años la situación de la población de esos departamentos era similar a la de los habitantes del Chocó en la actualidad: prevalecían la informalidad y las actividades de subsistencia. No obstante, el Estado impulsó la industria mediante la política de industrialización que empezó a ejecutar en 1938.En el largo plazo, el polo de crecimiento establecido en torno a los recursos minerales provocó cambios en la dimensión económica: estabilizó la relación capital-producto, aumentó la oferta de trabajo y de bienes, mejoró la distribución de ingreso y el ahorro, que junto a la educación y la calificación de la mano de obra sentó las bases para la innovación y la diversificación, la agregación de valor y la formación de nuevas empresas. En la dimensión social mejoró la dotación de bienes y servicios públicos; infraestructura vial y férrea, salud y seguridad industrial, alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones, vivienda, y centros de educación superior para responder a la demanda de personal calificado.

Cincuenta años después, el Estado seguía impulsando el polo con la política de reconversión industrial (Barreto et al., 2014). Esta situación es radicalmente opuesta a la de Chocó. En el centro geográfico del país, el Estado afianzó una economía en su mayor parte formal, que tiene mayores oportunidades de avanzar hacia un desarrollo sostenible. En Chocó descuidó su potencial económico, social y ambiental, y no invirtió en su industrialización. Así la informalidad económica y ambiental resultante de políticas excluyentes ha hecho imposible el desarrollo sostenible de la minería en el departamento.